Comisión de diputados detecta siete universidades con
irregularidades
En un informe preliminar y tras una extensa jornada de discusión, los
diputados de la comisión investigadora sobre el funcionamiento de la educación
superior dieron a conocer que
siete universidades han incurrido en
distintas irregularidades y no responden al requisito legal de ser corporaciones
educacionales sin fines de lucro.
Se trata de las Universidades de Las Américas, Andrés Bello, Viña del
Mar, Aiep, Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo. Así lo detalló el
diputado Alberto Robles (PRSD), quien comentó que las instituciones cayeron en
algunas de las distintas formas de lucro.
Entre las irregularidades están los
altos sueldos a miembros del
directorio o ejecutivos importantes,
externalizar servicios
relevantes (medida por la cual las utilidades de la universidad que no
pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas
-sociedad espejos- desde donde si pueden retirarse o
distribuirse a sus propietarios o en el
directorio de la institución se
han incorporado familiares, con el objeto de repartir un mismo ingreso
entre distintos contribuyentes disminuyendo la base imponible.
La comisión detectó que la Universidad del Desarrollo (Sociedad Inmobiliaria
Ainavillo), junto al caso de la Universidad del Mar (varias sociedades
inmobiliarias), caen en la categoría de "sociedades espejos", al sostener
vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a
quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control
de la corporación, y/o terceros relacionados.
Las seis restantes, son instituciones que caen en la categoría de
"compra y venta de universidades bajo el control de grupos económicos y
extranjeros", la mayoría del grupo Laureate, que reúne a 76
instituciones de educación superior en 27 países del mundo.
COMISIÓN NO DESCARTA MÁS UNIVERSIDADES
La jornada no estuvo exenta de problemas entre los parlamentarios. Mientras
el diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló que "se perdió todo tipo de objetividad
al mencionar solamente a algunas universidades y no a todas", Robles declaró que
"no estamos excluyendo a ninguna, sino que estamos diciendo aquellas que lucran
y que en la comisión se dieron claros ejemplos".
Para Hasbún, "eso demuestra claramente que el lobby peso más que la
realidad".
Por su parte,
Romilio Gutiérrez (UDI) señaló que es "necesario
endurecer la legislación vigente y que donde este prohibido el lucro, este no se
produzca bajo ninguna figura". Asimismo, aseguró que le han pedido al
Ministro de Educación "que se establezcan sanciones ejemplares" para aquellos
que están infringiendo la ley. Gutiérrez, sin embargo, agregó que "no estamos de
acuerdo (los parlamentarios de la Alianza) en que se mencionaran instituciones,
porque según las intervenciones del contralor, del ministro (de Educación) y del
jefe de la División de Educación Superior, no había antecedentes suficientes
para considerar que había lucro".
La diputada María José Hoffman (UDI), en tanto, señaló que
"me
impresiona la obsesión que existe en este país contra la iniciativa privada",
asegurando que en el informe de la comisión "no hay prueba contundente
de ningún tipo de acusación". Es más, afirmó que "hay universidades públicas hoy
día amparadas en el estado, que también deben regularse", por caer en estas
mismas irregularidades.
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